¿Meritocracia o mentirocracia?

La meritocracia (del latín mereo, merecer, obtener) es una forma de gobierno basada en el mérito. Las posiciones jerárquicas son conquistadas en base al mérito, y hay una predominancia de valores asociados a la educación y a la competencia. Países como Finlandia y Suecia tienen sus aparatos burocráticos basados en este principio y como resultado de ello, el Estado puede mostrar niveles de eficiencia y eficacia comparables o superiores al del sector privado.

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, la meritocracia tiene como propósito fundamental vincular en las entidades del Estado a los mejores funcionarios, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades para seleccionar por sus méritos a los aspirantes a los cargos públicos. No obstante, las promesas e intenciones, la convocatoria No. 001 de 2005 ha sido una gran falacia. Es la idea que ronda en la cabeza de aproximadamente 620.000 personas que se presentaron a las pruebas realizadas en diciembre de 2006.

De inmediato empezaron las triquiñuelas y demandas de los que veían afectados el interés personal de continuar en un cargo público. El argumento de los funcionarios, apoyados por algunos sindicatos y fuerzas políticas de diferentes vertientes, se basa en que no es culpa de ellos que el Gobierno no los haya convocado a concursos para ingresar a la carrera administrativa y que por esta razón ya cuentan con el derecho a la estabilidad laboral. El argumento no se basa en la calificación para ocupar el cargo o en la calidad de su desempeño, lo cual seria admisible. Es justo garantizar el empleo a las personas que lo necesitan, pero este criterio amañado es cuna de ineficiencia y causa principal del pobre desempeño de las empresas públicas; en contradicción con el sistema basado en el mérito, donde las personas más capaces tienen la oportunidad de demostrar sus competencias. Pero en Colombia, un país mediado por el clientelismo y la corrupción es casi imposible creer en tal propósito.

Hoy casi después de tres años, no se ha provisto el primer cargo. De los 65.000 empleos seguros que prometía la convocatoria, con las maniobras y la gestión de grupos de poder, solamente quedan unos 10.000 y muy seguramente, al final no se oferten todos, pues algunas entidades públicas han sido renuentes a enviar el listado de cargos al DAFP.

El Congreso aprobó un proyecto de Ley que declara que los funcionarios con nombramientos en provisionalidad que trabajaran para el Estado desde el año 2004 podrían seguir en sus cargos sin presentarse a concurso. El proyecto de Ley fue devuelto al congreso, después de que la procuraduría solicitara al presidente no sancionarlo por inconstitucional. Lo que buscan los partidos, sin importar su ideología, es mantener sus cuotas burocráticas y los cargos que con componendas han logrado conseguir para sus clientelas. Es la base de una democracia enferma que nos lleva a niveles inaceptables de desigualdad. Si se quiere avanzar en competitividad es necesario ponerse al nivel de las reformas que actualmente están haciendo curso en el mundo. Lo público puede ser eficiente si se ataca el clientelismo y las formas medievales de negociación de puestos y contratos.

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Ciudadanos: ¡Es hora de actuar!

Manuel Javier Fierro Patiño

http://javierfierro.wordpress.com/MVZ. Esp. Gestión y planificación del Desarrollo urbano-regional. Profesor Universidad de los Llanos. Candidato Magister en Desarrollo Local y Regional.

Villavicencio tiene mucho que perder en las próximas elecciones si permanece la apatía y la indolencia ciudadana frente a los procesos electorales. Es cierto que ante el abanico de malos gobernantes y pésimos miembros de corporaciones públicas, puede existir cierto escepticismo y desinterés en participar, pero precisamente, esta abstención ha sido el principal trampolín para que personajes de cuestionada moralidad hayan alcanzado tal posicionamiento en esta ciudad. Es hora de votar en masa y demostrar que existe patriotismo y gente preocupada por el futuro de nuestra tierra; que ante las adversidades, es posible construir una realidad política diferente a la que señalan los medios nacionales, cuando nos mencionan como una de las ciudades más corruptas del país. Y por supuesto que esto no es cierto, pues ese odioso calificativo nos lo han estampado unos pocos que sin sentido de pertenencia y con la sed que lucrarse de los recursos públicos, han sabido mostrar vergonzosos hechos ante la opinión nacional.

El pasado periodo electoral deja un sabor amargo para los entes territoriales de la región, lamentablemente se eligieron alcaldes, gobernadores y miembros de corporaciones públicas, algunos simples comodines de intereses oscuros de empresas electorales siniestras y otros verdaderos capos de la corrupción. La región no puede resistir otro fracaso. Por esta razón, señor ciudadano o ciudadana, es hora de actuar por un futuro cierto. Cuando escoja su voto, piense todo lo que significa su decisión y cómo con esta simple acción, podemos estar dando una lección a los corruptos. Que bueno sería dar un contundente golpe de opinión y mostrar que no valen mercados, fiestas, almuerzos, electrodomésticos y falsas promesas para comprar nuestra dignidad. Que nuestra dignidad se construye con ideas y programas serios, con gente capacitada para gobernar y con el legítimo ejercicio de nuestro voto.

Todos sabemos por quien no hay que votar, aquellos que pretenden convertir esta tierra en una finca de su propiedad, aquellos que tienen condenas judiciales encima, aquellos que no muestran propuestas serias, sino discursos trajinados y demagógicos. También los que han participado en alianzas poco honestas y los que muestran un completo hermetismo respecto a la financiación de sus campañas. Y ojo con aquellos que pretenden disfrazar su responsabilidad en la crisis actual, aquellos que escudados en medios radiales inescrupulosos manipulan la opinión lanzando una cortina de humo que esconde sus verdaderos intereses.

Los entes que disponen de regalías del petróleo resultan más afectados. Según la Contraloría, las regiones y municipios cobijados con regalías han perdido cerca de 600 mil millones de pesos por corrupción en el manejo de los recursos que deja el petróleo y la explotación de minerales. En total el país mueve aproximadamente dos billones 500 mil millones de pesos en regalías al año, de los cuales no menos del 25 por ciento se desvían hacia los bolsillos de los corruptos. Es la oportunidad para mostrar que los ciudadanos de Villavicencio y la región podemos llegar a ser ejemplo democrático para el país.

Por la dignidad del Meta

Siempre que los grupos violentos y su maquiavélica irrupción parecen desbordar la capacidad del Estado, se llama afanosamente al respaldo de las instituciones democráticas. Mantener el orden busca garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos frente al embate de los grupos al margen de la ley. El uso legítimo de la fuerza es una facultad del Estado y supuestamente una garantía para la tranquilidad para la sociedad. Un temor insólito nos pone los pelos de punta cuando se descubre que los cuerpos de seguridad del Estado comparten planes y procedimientos con grupos al margen de Ley. De inmediato la percepción de orden es cambiada por intranquilidad e incredulidad en las instituciones legítimas. Conjurar una crisis de este tamaño requiere sacudir las estructuras y tomar medidas de fondo. No puede ser posible que una minoría pueda echar por la borda el proyecto colectivo de una Nación prospera y en paz.

Los resultados que han arrojado las últimas investigaciones de la fiscalía y la Corte Suprema de Justicia muestran un panorama desalentador para la democracia. La democracia está herida al comprobarse la injerencia directa de los violentos en los procesos electorales. Quizás está verdad ha estado oculta por años y por fortuna se convierte ahora en un antecedente no deseable, pero necesario para poder afrontar el problema de manera definitiva. Se requiere mayor compromiso ciudadano y total respaldo a la justicia. La verdad aunque dura debe ser develada y es necesario estar preparado para conocer cosas peores.

Los acontecimientos llaman con urgencia una reforma política que permita conocer de fondo las intenciones de los partidos y los candidatos, mayor transparencia del proceso democrático y la manifestación libre del poder popular. La malévola combinación entre violencia, corrupción, clientelismo, narcotráfico y política marca un hito en la historia colombiana. Por el bien de la patria, los parlamentarios que no estén comprometidos en alianzas criminales deben mostrar su temple, asumir una posición de defensa abierta de las instituciones o simplemente dejar su puesto. El voto libre, el referendo y la asamblea constituyente son instrumentos que pueden activarse como forma de lucha frente a los problemas revelados. La ilusión de patria y confianza que inspira el ejecutivo debe ser prenda para conocer la verdad. El presidente goza del favor de los ciudadanos y ahora debe demostrar que siempre ha trabajado del lado del pueblo.

La región sufre de primera mano las secuelas de está problemática. El proceso electoral que se avecina requiere de unas reglas adicionales. Un gran compromiso de los partidos y candidatos. Unas normas más estrictas que filtren malas intenciones, eviten dineros calientes y condenen con fuerza a candidatos corruptos o inhabilitados. Debería apoyarse la iniciativa que busca un pacto ciudadano por la dignidad del departamento y un mayor compromiso de los electores para elegir a personas honestas y capaces. Señor Alcalde, señor Gobernador, señores de los medios, ustedes son garantes de la democracia. Recobrar la confianza en las instituciones es un propósito nacional.