¿Meritocracia o mentirocracia?

La meritocracia (del latín mereo, merecer, obtener) es una forma de gobierno basada en el mérito. Las posiciones jerárquicas son conquistadas en base al mérito, y hay una predominancia de valores asociados a la educación y a la competencia. Países como Finlandia y Suecia tienen sus aparatos burocráticos basados en este principio y como resultado de ello, el Estado puede mostrar niveles de eficiencia y eficacia comparables o superiores al del sector privado.

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, la meritocracia tiene como propósito fundamental vincular en las entidades del Estado a los mejores funcionarios, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades para seleccionar por sus méritos a los aspirantes a los cargos públicos. No obstante, las promesas e intenciones, la convocatoria No. 001 de 2005 ha sido una gran falacia. Es la idea que ronda en la cabeza de aproximadamente 620.000 personas que se presentaron a las pruebas realizadas en diciembre de 2006.

De inmediato empezaron las triquiñuelas y demandas de los que veían afectados el interés personal de continuar en un cargo público. El argumento de los funcionarios, apoyados por algunos sindicatos y fuerzas políticas de diferentes vertientes, se basa en que no es culpa de ellos que el Gobierno no los haya convocado a concursos para ingresar a la carrera administrativa y que por esta razón ya cuentan con el derecho a la estabilidad laboral. El argumento no se basa en la calificación para ocupar el cargo o en la calidad de su desempeño, lo cual seria admisible. Es justo garantizar el empleo a las personas que lo necesitan, pero este criterio amañado es cuna de ineficiencia y causa principal del pobre desempeño de las empresas públicas; en contradicción con el sistema basado en el mérito, donde las personas más capaces tienen la oportunidad de demostrar sus competencias. Pero en Colombia, un país mediado por el clientelismo y la corrupción es casi imposible creer en tal propósito.

Hoy casi después de tres años, no se ha provisto el primer cargo. De los 65.000 empleos seguros que prometía la convocatoria, con las maniobras y la gestión de grupos de poder, solamente quedan unos 10.000 y muy seguramente, al final no se oferten todos, pues algunas entidades públicas han sido renuentes a enviar el listado de cargos al DAFP.

El Congreso aprobó un proyecto de Ley que declara que los funcionarios con nombramientos en provisionalidad que trabajaran para el Estado desde el año 2004 podrían seguir en sus cargos sin presentarse a concurso. El proyecto de Ley fue devuelto al congreso, después de que la procuraduría solicitara al presidente no sancionarlo por inconstitucional. Lo que buscan los partidos, sin importar su ideología, es mantener sus cuotas burocráticas y los cargos que con componendas han logrado conseguir para sus clientelas. Es la base de una democracia enferma que nos lleva a niveles inaceptables de desigualdad. Si se quiere avanzar en competitividad es necesario ponerse al nivel de las reformas que actualmente están haciendo curso en el mundo. Lo público puede ser eficiente si se ataca el clientelismo y las formas medievales de negociación de puestos y contratos.

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El empleo informal en Villavicencio

Manuel Javier Fierro Patiño
http://javierfierro.wordpress.com MVZ. Esp. Gestión y planificación del Desarrollo urbano-regional. Profesor Universidad de los Llanos

De 10 empleos que hay en Villavicencio al menos 7 son informales. Son cifras preocupantes que nos ubica entre las ciudades con más altas tasas de informalidad en Latinoamérica, lo que afecta los niveles de ingreso y en consecuencia la calidad de vida de los trabajadores. Es un fenómeno que trata de ocultarse pero influye de manera importante la situación social y económica de la ciudad.

Un estudio que adelantamos en la Universidad de los Llanos, con Diego Torres, estudiante de economía, mostró que los informales son personas que tienen en promedio 40 años, un 48% son mujeres, su núcleo familiar es en promedio de 4 personas, de las cuales dos de ellas trabajan. Residen principalmente en los barrios marginales, son cabeza de familia, trabajan 28 días al mes para ganarse un salario menor a los $500.000 pesos. Son clientes asiduos del crédito “gota a gota” a tasas del 40% mensual en promedio, lo cual generan relaciones de endeude que limitan aun más la posibilidad de crecer y romper el círculo de la pobreza. La mayoría de ellos no están de acuerdo con reubicación en lugares inadecuados, proponen la construcción de una central minorista, estarían dispuestos a pagar impuestos de acuerdo con sus capacidades y sueñan con crear su propia empresa.

El desplazamiento forzado es una causa estructural importante de informalidad en Villavicencio, pues un 41% son personas que llegan de afuera y un 23% lo hacen empujados por la violencia, principalmente en zonas rurales. Igualmente, la evolución de la estructura económica de Villavicencio, el tejido empresarial con una baja diversificación e incipiente industrialización, el crecimiento poco regulado, especialmente de los sectores comercio y servicios, conforma una oferta limitada y precaria para el empleo urbano.

Otro aspecto muy influyente, es el nivel de desarrollo humano y social, que constituye un serio obstáculo para las oportunidades, especialmente debido a las asimetrías existentes entre el nivel de educación del informal. Estos factores han creado un desajuste del mercado laboral, que se ve agravado también por las fallas en la información, al no permitir una movilidad y articulación eficaz entre la demanda y la oferta de empleo. La educación, el acceso al crédito barato, mejores oportunidades y la preparación para el trabajo son asuntos fundamentales en la búsqueda de soluciones

El estudio mostró la influencia de las barreras burocráticas, excesivos costos, trámites e impuestos que tienen que realizar los emprendedores para formalizarse. La atención gubernamental de la informalidad, enmarcándola como un problema simple, con la aplicación de medidas represivas, sin una visión integral y sin la planeación debida, origina un efecto negativo y agregado en la agudización de los problemas sociales asociados al fenómeno. Existen causas estructurales en donde resulta difícil actuar localmente, esto no implica, que pueda desarrollarse una política de atención integral de enfoque dual, que establezca un marco diferencial de programas sociales de tendencia progresista que se basen en el potencial productivo del informal y no en medidas meramente asistencialistas que replican y complementan el ciclo de la pobreza.