El futuro agrícola

Manuel Javier Fierro Patiño. MVZ. Esp. Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional

El término “Libre Comercio” en el campo agrícola es tan postizo como el programa de la gratuidad en la educación. Los países desarrollados persisten en la protección de su producción pasándose por la faja el acuerdo de Doha, que buscaba como objetivo eliminar los subsidios y de esta manera aumentar las exportaciones de las naciones pobres en un 24%, multiplicar por 10 la producción rural y sacar aproximadamente a 144 millones de personas de la pobreza. La funesta Ley agrícola “Farm Bill” de EEUU y el incumplimiento recíproco de la Unión Europea, ratificado ahora en la fracasada reunión de la OMC en Hong Kong, hacen pensar que a partir de ahora, todo se oriente al creciente debilitamiento del sistema comercial multilateral, una nueva escalada de medidas proteccionistas y el incremento en las guerras comerciales entre países. La situación en Latinoamérica no esta mejor. México, Centroamérica y Chile, sienten que las condiciones en que se negociaron los tratados de libre comercio con EEUU no fueron las mejores, púes los subsidios persisten, aun con la promesa de EEUU de solucionar estas modalidades de protección en la Organización Mundial del Comercio. Tal es así, que actualmente, EEUU exporta arroz a Guatemala, maíz a México y cebollas a Chile, productos que históricamente eran fuertes en estos países. Esta misma promesa hemos recibido nosotros y de acuerdo con los hechos, parece que se hunden nuestras ilusiones de producir y comercializar arroz, soya y maíz por lo menos al mercado interno. Según el estudio del profesor Luís Jorge Garay, la protección que ofrece EEUU a los productores es del orden del 46.8% para el arroz, 26.4% para el maíz y un 25.5% para oleaginosas, lo que representa que los ingresos de los productores se aumentan en una relación de 1.9 para el arroz, 1.4 para el maíz y 1.3 para oleaginosas. Así los costos de producción muestran una distorsión para exportar, que se calcula en un 35% para el arroz, un 25% para la soya y un 13% para el maíz. Esto sin mencionar las restricciones en materia fitosanitaria. No obstante, los negociadores colombianos han mostrado un conformismo sospechoso y parece que lo más seguro es ceder respecto a estos productos representativos de nuestra región, pues lo que para los gringos representa una medida estratégica que busca la seguridad alimentaria, para Colombia las ayudas internas y subsidios son un pecado. La respuesta colombiana a este dumping disfrazado, parece ser la vía arancelaria, establecer salvaguardias y franjas de precios, con el agravante que son precisamente estas medidas las que están en la mira de EEUU y la OMC, además de ser difíciles de mantener. La posición colombiana debe ser de férrea defensa y no de entrega, pues la experiencia de otros tratados dice que los beneficios en la mejora de las exportaciones solo será momentánea y no tendrá mayor impacto para nuestra región, que no tiene vocación exportadora, en cambio los daños en el mediano y largo plazo serán estructurales y nefastos para la economía regional, pues no estamos listos para hacer reconversiones productivas en el corto plazo.