LA UNIVERSIDAD REGIONAL Y LA REFORMA DE LAS REGALIAS

Colombia es un país mundialmente reconocido en donde persisten ciertas desigualdades. Pese a la reducción de la pobreza, aún 20 millones son considerados pobres y en materia de pobreza y desigualdad, Colombia está entre los países de peor desempeño en América Latina. No es desconocido que cerca de la mitad de la población se encuentra sumida en la pobreza y que un poco más del 60% de la fuerza laboral es caracterizada por el subempleo y la informalidad. Sin embargo las estadísticas se han tomado de manera global sin hacer diferenciaciones regionales.

Citando a Luis Armando Galvis en el estudio “Tendencias de la polarización territorial y de las inequidades en Colombia”, En Colombia, a diferencia de países como Brasil y Ecuador, la primacía urbana no se observó a lo largo del siglo XX, probablemente porque su difícil topografía ocasionó que la comunicación terrestre fuera relativamente deficiente entre las ciudades intermedias y Bogotá, la ciudad principal por tamaño y por ser la capital del país. Como consecuencia, el patrón de localización de la población en Colombia se caracterizó por presentar varios polos de crecimiento. Uno de los efectos que trajo la industrialización de las siguientes décadas fue que las cuatro ciudades principales —Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla— surgieron como polos de desarrollo relativamente equilibrados.

Cada una de esas ciudades principales se convirtió en el centro económico e industrial de cada una de las regiones más importantes del país (Central, Pacífico, Occidente y Costa Caribe) que, para ese entonces, estaban relativamente segmentadas. Mientras tanto la Amazonia y la Orinoquia, permanecían fuera del mapa. Durante las décadas de 40 al 60 se logró construir una red vial y ferroviaria que integró las cuatro ciudades principales.

Los Informes de Desarrollo Humano y avances en los Objetivos del Milenio ratifican la existencia de serias disparidades regionales. Estas disparidades tienen una razón estructural e histórica. El país se desarrolló de manera desigual focalizando su población y desarrollo en cuatro polos de desarrollo, que actualmente posee un poco más del 10% del territorio nacional, pero son responsables del 76% de la producción manufacturera, tienen el 70% de la capacidad instalada de la red eléctrica, poseen el 75% del comercio y el 85% de los resultados en ciencia y tecnología.

Las demás regiones han tenido que asumir un ritmo de crecimiento y desarrollo desigual, basado en un modelo de desarrollo que favorece la construcción diferencial en competencias locales y un régimen político que agudiza las disparidades en poder político. Gran parte de las razones por la cual persisten las disparidades regionales se basan la inercia centralista que hace que inversiones sociales y productivas, grandes proyectos, beneficios en infraestructura, se focalicen de manera injusta. La productividad y competitividad de estas grandes urbes se ha construido sacrificando el potencial de las demás regiones. Este resultado se podía prever, según los planteamientos de la llamada “nueva geografía económica” (NGE): de acuerdo con Paul Krugman, se esperaría que las economías de escala y los costos de transporte llevaran a que la concentración de la actividad económica se presentara en el centro y no en la periferia.

La Orinoquia ha sido importante para el país gracias a sus recursos. Pasando del oro, el caucho, las pieles, la quina, su riqueza natural y por supuesto el petróleo. El impacto del petróleo en la región, primero en Arauca, Casanare y posteriormente en el Meta, trajo consecuencias sociales y ambientales drásticas que no pueden remediarse de manera rápida y que requieren de planes de largo plazo, acciones de mitigación y reforzamiento de las capacidades locales para disminuir la dependencia de una única fuente de recursos. Ejemplos sobre el tremendo impacto que traen este tipo de explotaciones está más que referenciado en la historia del planeta.

Está demostrado que las economías extractivas incentivan la desigualdad, ya que son intensivas en capital y no en mano de obra, y su crecimiento no se irradia a otros sectores. Por lo general, en estas regiones la explotación mineral puede representar hasta el 75 por ciento del PIB, pero no emplea más del 3% por ciento de la población. Las únicas regiones del mundo que pueden mostrar resultados diferentes son algunas zonas Canadá y los países nórdicos que ratifican la tesis de construir condiciones previas, fortalezas locales, fortalecer la democracia, generar mayor participación social, transparencia en lo público, instituciones eficaces, pero ante todo, un crecimiento rápido de capital humano y suficiente capital físico para garantizar el transito a una economía diversificada que genere valor agregado. Estas condiciones son más difíciles de construir en contextos donde la violencia y el conflicto armado son pan de cada día. Las regalías como recursos contraprestación económica en regiones conflictivas y con bases débiles para el desarrollo local y regional, están más que justificadas.

Cabe recordar que por decisiones políticas estos recursos se han orientado a suplir deficiencias de sectores sociales básicos, bajo unas condiciones poco flexibles (salud, educación, agua potable, saneamiento básico) y en los últimos años, también se han orientado a alimentar el gasto poco eficiente en coberturas de salud, aliviar problemas pensionales y generar planes de aguas que comprometen vigencias futuras. Igualmente, el manejo de los recursos de regalías ha sido progresivamente centralizado, por ejemplo, la terminación de los Corpes, el desmonte de la Comisión Nacional de Regalías, han traído desde entonces la pérdida paulatina de poder de orientación y decisión de las regiones productoras frente estos recursos. El mal uso de los recursos ha sido recurrentemente el mayor argumento para centralizar su manejo. Aunque no se puede esconder que han existido hechos de corrupción palpables, también es cierto que en los últimos años los problemas por corrupción han disminuido y el control social se ha hecho más evidente. Las normas han sido muy restrictivas en la destinación de los recursos, por lo que la programación acertada de acuerdo a las necesidades se ha visto afectada.

La producción petrolera y las políticas de mitigación de impactos presentan ciertas paradojas. La mayor inversión en reforestación y tratamiento de residuos de la explotación petrolera no ha logrado disminuir la perdida de caudal de los ríos de la región y la contaminación de las fuentes de agua. El aumento de la producción de hidrocarburos y el mayor peso económico de la región no se revierte en mayor empleo, desarrollo económico o en disminución del valor de los combustibles o acceso barato a subproductos, como el crudo de castilla, utilizado para la pavimentación (pese al tremendo déficit vial que padece el Meta). La región tiene los combustibles más caros del país, aguanta los fletes más costosos, recibe constantes flujos migratorios que agudizan la crisis social y padece una creciente inflación local que disminuye duramente el poder adquisitivo de la población y también la viabilidad de otras alternativas productivas. Lo que se advierte es un problema en la orientación actual de los recursos y la poca flexibilidad local para orientar el gasto hacia sectores dinámicos o estratégicos que favorezcan el empleo, la activación de las capacidades regionales y la competitividad territorial.

Si se analizan detenidamente las normas vigentes, con el aumento de la producción en el departamento del Meta y el Municipio de Puerto Gaitán los recursos de regalías que están asignados a las regiones no productoras han venido aumentando, La Ley 756 lo permite cuando se alcanzan unos topes de producción (más de 300.000 barriles en el Meta y cerca de 100.000 barriles en Puerto Gaitán) lo que favorece la función redistributiva del Fondo Nacional de Regalías y el acceso de los recursos por parte de municipios no productores. La lógica de distribución debe obedecer al nivel de afectación que causa la explotación petrolera y a la deuda histórica que tiene el Estado en estas regiones productoras.

Lo que deja al descubierto en este nuevo afán reformista, es una estrategia donde priman más las condiciones macroeconómicas que las afectaciones sociales y ambientales en territorios afectados. Es una estrategia de recomposición macroeconómica y de estabilización de la economía, frente a la presión de la bomba pensional, aliviar déficit; pero además, se percibe un voraz apetito de los políticos de las regiones no productoras, que ven la viabilidad de reformar la distribución de las regalías para captar estos recursos con relativa facilidad, debido al poco peso político de las regiones productoras.

El asunto compromete una lucha desigual entre regiones productoras y no productoras por los recursos que genera la bonanza petrolera. Lamentablemente la afectación económica-ambiental y desbalance histórico por el modelo de desarrollo adoptado por el país, lo sufren las regiones productoras.

Si acontece lo mencionado en la reforma que se aproxima, estas regiones tendrán que resignarse a “dejar la casa en obra negra y sin posibilidad de habitarse”. Se supone que la inversión de las regalías ha permitido avanzar en los aspectos básicos, pero no en los estratégicos. Después de aliviar los problemas sociales en los sectores básicos, la región podría dar el salto a invertir en sectores dinámicos, aprovechar sus recursos en biodiversidad, promover el desarrollo científico y tecnológico, diversificar su economía y cerrar la brecha frente a otras regiones.

Lo más asombroso es la repetición de la historia y una aparente pacto Gobierno- Regiones no Productoras para frenar nuevamente el desarrollo de la región de la Orinoquia, tal como aconteció a comienzos del siglo XX cuando las élites de entonces, determinaron no priorizar la salida a Europa por el Orinoco y de paso decidieron desmontar el Ferrocarril de Oriente para dar paso a la red fluvial del magdalena y al desarrollo de las nuevas carreteras.

Respecto a la propuesta para orientar recursos para ciencia y tecnología:

Por otra parte, es claro que la Universidad celebra con esperanza, la propuesta de asignar recursos de regalías a la ciencia y tecnología. Pero estos recursos tendrían se invertirse de manera diferencial y atendiendo las disparidades regionales en resultados de ciencia y tecnología, lo que obliga a plantear estrategias como los fondos regionales de manejo autónomo para fortalecer las capacidades locales en ciencia, tecnología y gestión de la innovación. Lo que no sería conveniente es multiplicar el modelo polarizante con una bolsa global para la asignación de recursos lo que llevaría a agudizar las desigualdades regionales. Por esta razón es lógico pensar que estas regiones en donde los indicadores de ciencia y tecnología son muy bajos, requieren de mayores recursos teniendo en cuenta las mayores necesidades y nuevas líneas de investigación que tienen que afrontar. Lo que ha pasado es lo contrario. Las regiones más desarrolladas, gracias a su capacidad instalada, logran quedarse con más del 80% del presupuesto asignado a ciencia y tecnología.

Los recursos asignados en estos fondos regionales de ciencia y tecnología, deberán orientarse a fortalecer la oferta de conocimiento, la transferencia del mismo hacia los sectores estratégicos de la región. La región tiene definido su Plan Regional de Competitividad, tiene también una agenda prospectiva de ciencia y tecnología, pero no han existido los recursos para avanzar en este sentido. Para esto es necesario mejorar la capacidad local con la promoción de formación avanzada en magister y doctorados que permitan resultados de investigación mejores y más pertinentes, y una mejor articulación de las universidades, la sociedad y fundamentalmente con las empresas.

La Orinoquia tiene un potencial inmenso que es advertido mucho más por las instancias internacionales que nacionales. La región requiere avanzar con urgencia en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y adentrarse en las ciencias de la frontera del conocimiento. Es decir, sentar las bases para la incursión exitosa en la biotecnología, la nanotecnología, las ciencias de la información, las cuales serán las grandes protagonistas del siglo XXI. Por eso apoyamos la propuesta que el centro de investigaciones de Carimagua sea un ejemplo mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la Altillanura Colombiana y demuestre ante el mundo desarrollos no solamente agropecuarios, sino también en asuntos energéticos y eco-urbanísticos, pues es sensato pensar que la región está llamada a ser el mayor núcleo de crecimiento poblacional en el presente siglo.

Es necesario trabajar para que las regalías puedan destinarse efectivamente a la inversión en Educación Superior, en la financiación de los planes de desarrollo físico e infraestructura del las universidades públicas, la construcción y dotación de laboratorios de referencia, movilidad de investigadores y aplicación de nuevas tecnologías de informática y telecomunicaciones al proceso de aprendizaje. La educación del siglo XXI se aproxima a un cambio drástico en los modelos de formación, por lo que la región debe prepararse en la vanguardia.

El modelo que debe seguir la región, apoyado en sus Instituciones de Educación Superior y que en este momento se están dando las condiciones para construir, es la creación de un Sistema Regional de Innovación, como el conjunto de organizaciones institucionales y empresariales que interactúan entre sí con la finalidad de asignar recursos a la generación y difusión de conocimientos, sobre los que se soportan las innovaciones, que son la base de la competitividad y el desarrollo económico. Estudios del Banco Mundial calculan que cuando una persona llega al nivel de educación superior tiene 6 veces más probabilidad de superar la pobreza de que las que no alcanzan ningún nivel educativo.

Concluyendo.

La posición de la Universidad es que los argumentos históricos para la distribución de las regalías nos llevan a concluir que la región necesita mucho más regalías que las que hasta ahora ha recibido. También es cierto que ante los problemas de corrupción hay que ser inflexibles y castigar a los responsables pues son en parte culpables de la estigmatización que ha tenido la región.

Las razones expuestas hasta ahora, porque no se conoce un texto final del proyecto de ley, es que lo que se quiere es estabilizar la economía y generar las condiciones para que el país retome la senda del crecimiento. Se toman argumentos macroeconómicos, pero no se analiza lo micro y las circunstancias históricas del papel que ha tenido el Estado en la región. El tema de la equidad de las regiones no se soluciona recortándole los recursos a las regiones afectadas por la explotación petrolera, se logra replanteando el modelo de desarrollo, propiciando procesos de regionalización con autonomía.

Las desigualdades en indicadores sociales y económicos actuales que tiene el país no tienen su origen en el actual régimen de distribución de regalías, como equivocadamente se ha querido mostrar. Las disparidades regionales tienen su origen en el modelo de desarrollo y en las decisiones políticas que los gobiernos han tomado desde la creación de la República.

El régimen actual tiene contempladas funciones redistributivas en la medida que la producción aumente, por lo tanto lo que hay que hacer es garantizar que estos recursos se inviertan según las necesidades sociales y potenciar el desarrollo endógeno con apropiación de ciencia y tecnología. Las regiones del mundo que han invertido en Educación Superior, apropiación de conocimientos, ciencia tecnología y desarrollo tecnológico, han superado el subdesarrollo. Esta es la verdadera opción para el departamento del Meta.

La discusión sobre el uso de las regalías también debe trasladarse al tema de la orientación de los recursos y estudiar el impacto que han tenido en regiones no productoras. Recordemos que por ley una parte se orienta a superar problemas ambientales en ríos, reservas y ciénagas, sin conocer el real impacto que han tenido hasta ahora. La discusión sobre su uso solamente se ha analizado desde el uso que han tenido en apenas tres o cinco departamentos, llevando a estigmatizar a la población de estas regiones.