¿Meritocracia o mentirocracia?

La meritocracia (del latín mereo, merecer, obtener) es una forma de gobierno basada en el mérito. Las posiciones jerárquicas son conquistadas en base al mérito, y hay una predominancia de valores asociados a la educación y a la competencia. Países como Finlandia y Suecia tienen sus aparatos burocráticos basados en este principio y como resultado de ello, el Estado puede mostrar niveles de eficiencia y eficacia comparables o superiores al del sector privado.

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, la meritocracia tiene como propósito fundamental vincular en las entidades del Estado a los mejores funcionarios, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades para seleccionar por sus méritos a los aspirantes a los cargos públicos. No obstante, las promesas e intenciones, la convocatoria No. 001 de 2005 ha sido una gran falacia. Es la idea que ronda en la cabeza de aproximadamente 620.000 personas que se presentaron a las pruebas realizadas en diciembre de 2006.

De inmediato empezaron las triquiñuelas y demandas de los que veían afectados el interés personal de continuar en un cargo público. El argumento de los funcionarios, apoyados por algunos sindicatos y fuerzas políticas de diferentes vertientes, se basa en que no es culpa de ellos que el Gobierno no los haya convocado a concursos para ingresar a la carrera administrativa y que por esta razón ya cuentan con el derecho a la estabilidad laboral. El argumento no se basa en la calificación para ocupar el cargo o en la calidad de su desempeño, lo cual seria admisible. Es justo garantizar el empleo a las personas que lo necesitan, pero este criterio amañado es cuna de ineficiencia y causa principal del pobre desempeño de las empresas públicas; en contradicción con el sistema basado en el mérito, donde las personas más capaces tienen la oportunidad de demostrar sus competencias. Pero en Colombia, un país mediado por el clientelismo y la corrupción es casi imposible creer en tal propósito.

Hoy casi después de tres años, no se ha provisto el primer cargo. De los 65.000 empleos seguros que prometía la convocatoria, con las maniobras y la gestión de grupos de poder, solamente quedan unos 10.000 y muy seguramente, al final no se oferten todos, pues algunas entidades públicas han sido renuentes a enviar el listado de cargos al DAFP.

El Congreso aprobó un proyecto de Ley que declara que los funcionarios con nombramientos en provisionalidad que trabajaran para el Estado desde el año 2004 podrían seguir en sus cargos sin presentarse a concurso. El proyecto de Ley fue devuelto al congreso, después de que la procuraduría solicitara al presidente no sancionarlo por inconstitucional. Lo que buscan los partidos, sin importar su ideología, es mantener sus cuotas burocráticas y los cargos que con componendas han logrado conseguir para sus clientelas. Es la base de una democracia enferma que nos lleva a niveles inaceptables de desigualdad. Si se quiere avanzar en competitividad es necesario ponerse al nivel de las reformas que actualmente están haciendo curso en el mundo. Lo público puede ser eficiente si se ataca el clientelismo y las formas medievales de negociación de puestos y contratos.

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La competitividad y otros factores

Recientes estudios plantean la importancia creciente de ciertos factores institucionales que afectan directamente el nivel de competitividad de las empresas o la región. La influencia de la cultura, las políticas públicas, la gobernabilidad, las normas y los aspectos psicosociales que frenan o aceleran los procesos de cambio, resultan más importantes de lo que usualmente se piensa.

Podrán construirse vías, ferrocarriles, aeropuertos, redes de comunicación, orientarse los recursos suficientes para mejorar el contexto y la imagen territorial, pero si no existe la red social proactiva que dinamice aptitudes, actitudes e induzca procesos de cambio tecnológico y transformación productiva, la región puede mantenerse en ese período inmóvil y conformista que cierra las puertas a la competitividad. Las políticas públicas deberán enfatizar mucho más en la generación de procesos de cambio social, seleccionando funcionarios bien intencionados, involucrando al sistema educativo, fortalecimiento las redes sociales, apropiando recursos para el cambio empresarial y formación en valores, estimulando actitudes emprendedoras y premiando los esfuerzos de quienes, sin contar con muchos recursos, son capaces de romper la barrera de la incompetencia.

El asunto va mucho más allá, hay aspectos que limitan y frenan las aptitudes y actitudes de los más avezados, paralizando posibilidades y cerrando oportunidades. Las instituciones públicas o privadas no son precisamente las ineficientes, pueden ser sus funcionarios, que con su proceder equivocado son factores de atraso regional. Los funcionarios que sufren de envidia y celos institucionales, los que cobijan su incompetencia con la intriga y la patraña, están siempre atentos a paralizar cualquier proceso o proyecto de devele su incompetencia ante la sociedad. Igualmente, esta anomalía social también puede enquistarse en las empresas privadas y en todo tipo de organizaciones. Ante esto, es difícil administrar procesos de cambio endógeno, pues en la gloria del individualismo improductivo, los terceros, los que llegan de afuera, logran mejores resultados y encuentran un terreno abonado en donde las prioridades sociales y económicas de la sociedad regional quedan en un segundo plano. Estos problemas se agudizan cuando los sistemas de control social no funcionan o se contaminan con esta virosis social; los medios de comunicación, los jueces, los fiscales, veedores o interventores que conviven abiertamente en esquemas que acomodan para servir a sus propios intereses o a los de terceros.

El llamado es a las instituciones para que trabajen articuladamente para generar un proceso estratégico de cambio social, que involucre al núcleo familiar, la escuela, las universidades, al sistema educativo e institucional en general. El objetivo es cambiar la forma de pensar, cambiar la actitud frente al cambio, aprender a trabajar en equipo, recobrar valores como la solidaridad, la perseverancia, la honestidad y la tolerancia. Estos aspectos son claves en una estrategia de desarrollo regional y muchas veces son desestimados por las escuelas de administración y economía. Si hacemos un recuento histórico en la región, podríamos encontrar que el futuro de la región, sin desestimar otros factores, podría depender de la superación de estas dificultades institucionales.