Políticas contra la pobreza

En Colombia, la política para enfrentar la pobreza se ha basado principalmente en promover un crecimiento económico que logre dinamizar diferentes sectores de la economía. Desde la teoría económica se asume que si el Producto Interno Bruto del país crece a un ritmo aceptable, los índices de pobreza empiezan a disminuir. También es claro, que pese a las altas inversiones en educación, salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico, no se han logrado los resultados esperados. La pobreza crece cada día más y lo que es peor, se empiezan a hacer cosas poco correctas, como los cambios en metodologías para medir la pobreza, para así bajar las cifras a como dé lugar.

Cuando un país tiene condiciones tan diferentes como el nuestro y cuando el crecimiento económico se toma como una cifra global que en la realidad resulta ser desigual en los diferentes sectores y estratos, los beneficios del mismo no llegan a toda la población generando equidad. Por esta razón, creer que el crecimiento de la economía a un ritmo del 5% anual acabará con la pobreza, es una gran falacia. No puede negarse que la inversión social orientada a satisfacer las necesidades básicas, sobretodo de educación, logra resultados importantes, pero no ha sido suficiente para cerrar la tremenda brecha. La inversión social directa es costosa y por eso los gobiernos han tratado de aplicar supuestos mecanismos de eficiencia materializados en forma de subsidios. Los subsidios han sido aplicados en países prósperos con buenos resultados, pero en un país como Colombia en donde la pobreza cobija a más del 50% de la población total del país, es imposible cubrir toda la población y sostener los subsidios durante periodos largos; además se ha demostrado que propician en la población actitudes pasivas, dependientes y conformistas.

Los enfoques tradicionales subestiman el papel dinamizador que puede cumplir la población pobre y no ofrecen oportunidades concretas. Algunas experiencias enseñan que la clave de las políticas contra la pobreza está en aprovechar las habilidades, las ganas, el empeño y capacidad de emprendimiento de la población pobre. La inversión social debe complementarse con políticas de inclusión y generación de oportunidades. El acceso al crédito barato, la disminución de trabas y trámites para la generación de empresa, impuestos progresivos, la capacitación y formación pertinente, el acompañamiento técnico ajustado a las necesidades de información y conocimiento, entre otras medidas, pueden lograr excelentes resultados. En un país como el nuestro, con altos niveles de concentración de la riqueza y un predominante sector privado muy privilegiado, con poca responsabilidad social, es difícil que se logren cambios sin la intervención del Estado.

Calculemos cuanto podría crecer nuestro país si se generan oportunidades concretas y se vincula de manera efectiva a toda la población pobre del país. La existencia por sí y el crecimiento que ha tenido la economía informal en el país comprueba que existen capacidades que no estamos utilizando en todo su potencial. El colombiano se caracteriza por ser recursivo e imaginativo, pero lamentablemente el sistema se caracteriza por la exclusión y la poca generación de oportunidades.