¿Meritocracia o mentirocracia?

La meritocracia (del latín mereo, merecer, obtener) es una forma de gobierno basada en el mérito. Las posiciones jerárquicas son conquistadas en base al mérito, y hay una predominancia de valores asociados a la educación y a la competencia. Países como Finlandia y Suecia tienen sus aparatos burocráticos basados en este principio y como resultado de ello, el Estado puede mostrar niveles de eficiencia y eficacia comparables o superiores al del sector privado.

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, la meritocracia tiene como propósito fundamental vincular en las entidades del Estado a los mejores funcionarios, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades para seleccionar por sus méritos a los aspirantes a los cargos públicos. No obstante, las promesas e intenciones, la convocatoria No. 001 de 2005 ha sido una gran falacia. Es la idea que ronda en la cabeza de aproximadamente 620.000 personas que se presentaron a las pruebas realizadas en diciembre de 2006.

De inmediato empezaron las triquiñuelas y demandas de los que veían afectados el interés personal de continuar en un cargo público. El argumento de los funcionarios, apoyados por algunos sindicatos y fuerzas políticas de diferentes vertientes, se basa en que no es culpa de ellos que el Gobierno no los haya convocado a concursos para ingresar a la carrera administrativa y que por esta razón ya cuentan con el derecho a la estabilidad laboral. El argumento no se basa en la calificación para ocupar el cargo o en la calidad de su desempeño, lo cual seria admisible. Es justo garantizar el empleo a las personas que lo necesitan, pero este criterio amañado es cuna de ineficiencia y causa principal del pobre desempeño de las empresas públicas; en contradicción con el sistema basado en el mérito, donde las personas más capaces tienen la oportunidad de demostrar sus competencias. Pero en Colombia, un país mediado por el clientelismo y la corrupción es casi imposible creer en tal propósito.

Hoy casi después de tres años, no se ha provisto el primer cargo. De los 65.000 empleos seguros que prometía la convocatoria, con las maniobras y la gestión de grupos de poder, solamente quedan unos 10.000 y muy seguramente, al final no se oferten todos, pues algunas entidades públicas han sido renuentes a enviar el listado de cargos al DAFP.

El Congreso aprobó un proyecto de Ley que declara que los funcionarios con nombramientos en provisionalidad que trabajaran para el Estado desde el año 2004 podrían seguir en sus cargos sin presentarse a concurso. El proyecto de Ley fue devuelto al congreso, después de que la procuraduría solicitara al presidente no sancionarlo por inconstitucional. Lo que buscan los partidos, sin importar su ideología, es mantener sus cuotas burocráticas y los cargos que con componendas han logrado conseguir para sus clientelas. Es la base de una democracia enferma que nos lleva a niveles inaceptables de desigualdad. Si se quiere avanzar en competitividad es necesario ponerse al nivel de las reformas que actualmente están haciendo curso en el mundo. Lo público puede ser eficiente si se ataca el clientelismo y las formas medievales de negociación de puestos y contratos.

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Llamado Regional: Universidad-Empresa-Estado

Los procesos de innovación, constituyen una inaplazable oportunidad para que las regiones de los países emergentes puedan desarrollarse. Lamentablemente, persiste el desdén por la ciencia y la participación independiente y a veces contradictora de los actores en el contexto del desarrollo.

El escenario regional es el substrato con mayores posibilidades en el planteamiento de una estrategia que busque aglutinar acciones y forjar un interés común. La región demanda un modelo endógeno de desarrollo que contrarreste la clásica visión del crecimiento económico, propicie la conformación de alianzas y enfatice en la creación de condiciones para la inclusión social y el desarrollo humano. Unillanos se fortalece con paso firme en este propósito, liderando procesos de articulación con el sector privado y el gobierno, modernizando sus procesos y procedimientos, destacando la universidad investigativa y la proyección social, sin olvidar la importancia de la docencia en la formación de competencias. Se asume la universidad con visión regional, no como un agente que pueda ser instrumentalizado, sino un actor preponderante y proactivo que lidere conjuntamente con los gremios, empresarios, gobierno y organizaciones sociales, iniciativas que apunten al interés colectivo. La universidad debe ser un ente que se ocupe del desarrollo humano de manera integral, que vele por la seguridad alimentaria, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, propiciando proyectos que busquen el desarrollo económico con equidad social. Igualmente, para la universidad debe ser determinante aportar en la generación de ventajas competitivas y ayudar a posicionar las empresas e instituciones en un lugar de vanguardia, generando empleo e ingresos para el grueso de la población.

Estos nuevos retos traen consigo una reinvención de las relaciones interinstitucionales y del papel que cada uno de ellos realiza en un marco de articulación. El Estado debe ampliar su campo de acción. La inducción de competencias empresariales, la promoción real de la ciencia y la innovación, la constitución de alianzas socioempresariales y la financiación de procesos de emprenderismo social deben ser funciones inherentes. La generación de un contexto adecuado para la atracción de la inversión es importante, pero no suficiente para tener éxito en procesos de desarrollo regional. La experiencia en el mundo lo ha mostrado categóricamente. El éxito económico de las grandes economías emergentes, tales como India, China, Corea e Irlanda, ha estado soportado en un papel de un Estado inductor de procesos de acumulación de capital humano y capital social en regiones específicas. El talento humano es fundamental y este se aprovecha a partir de la aplicación de la ciencia y la tecnología.

En este orden de ideas proyectos como el “Mapa de conocimiento” son relevantes para saber donde nos encontramos y qué rumbo podemos tomar. El llamado es a que empresas, universidades y gobierno emprendamos un camino común. Un camino que nos lleve al Meta y Orinoquia a aprovechar nuestras potencialidades, pero ante todo, lleve a nuestra gente a niveles óptimos de autonomía y bienestar gracias a un trabajo mancomunado. Un sendero que solo el conocimiento pertinente y socialmente compartido puede construir.